Luego del cimbronazo que provocó en la escena legislativa la iniciativa del Poder Ejecutivo para introducir cambios en el proceso de contrataciones de obras públicas y compra de servicios, el Gobierno convocó a la oposición tratando de acercar posiciones. El oficialismo ofrecería que el proyecto no sea tratado sobre tablas, como está previsto, y sea discutido previamente en comisión
El martes 17 por la mañana hubo una reunión en el Ministerio de Gobierno de la que participaron por el oficialismo la titular de la cartera, Rosario Romero; el ministro de Economía, Hugo Ballay y el presidente de la bancada del justicialismo en Diputados, Juan Reynaldo Navarro. Por Cambiemos había sido invitado Esteban Vitor pero, al estar fuera de la ciudad, María Alejandra Viola ocupó su lugar.
La legisladora, que fue quien alzó la voz por la oposición contra la iniciativa de introducir cambios en la legislación sobre contrataciones, estaba en La Paz, pero interrumpió rápidamente su agenda para llegar hasta Casa de Gobierno.
Del encuentro no hubo registro oficial ni foto, porque no formó parte de la agenda pública.
Durante el encuentro, Cambiemos planteó que los fundamentos del proyecto no se condicen con los artículos de la ley. Le señaló al oficialismo que en la argumentación de la iniciativa se esgrime como razón de las modificaciones el congelamiento de dinero concreto para obras, mientras que lo que se pretende es avanzar en licitaciones sin reserva presupuestaria, que es una autorización de gasto.
Asimismo, la oposición puso sobre la mesa que el sistema actual es el mismo que el que se aplica en el resto de las provincias y en la Nación, por lo que la innovación carecería de antecedentes y experiencias donde asirse.
El argumento del oficialismo es que el proyecto busca darle mayor fluidez a la tramitación de fondos de organismos internacionales, criticando sin nombrarla a la “burocracia administrativa”.
La posición de Cambiemos es que el camino elegido, que diluye el poder de la Legislatura y prácticamente deja fuera de escena el control interno y previo de la Contaduría General, no es el adecuado.
Ante la posibilidad de que la iniciativa forme parte de un nuevo esquema de acuerdo político entre el Gobierno provincial y el Nacional, referentes del PRO consultaron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La respuesta que llegó de Buenos Aires fue “no”.
Además, se dejó allanado el camino para que Cambiemos pueda cargar contra la Administración Bordet por esta movida, haciéndole pagar todo el costo político que sea posible, dado que afecta el puntal de su primera administración: la transparencia.
Como referencia inmediata está el veto a la intervención previa del Tribunal de Cuentas en contrataciones de alta significación económica, cuando ni siquiera las gestiones de última hora de la Ministra Romero evitaron que la oposición activara la Asamblea Legislativa en su último llamado y obligara al oficialismo a imponer su número para sostener la decisión de Bordet.
El proyecto de modificación a la ley de contrataciones quedó reservado en Secretaría de la Cámara de Diputados para tener tratamiento preferencial sobre tablas (es decir, sin que exista un estudio previo en comisión) el próximo martes 24. Llega con media sanción del Senado, obtenida en ausencia del bloque de senadores de Cambiemos (se había ausentado por cuestionamientos a las modificaciones a la ley de procedimientos constitucionales) gracias a que la bancada oposición había habilitado su tratamiento sin paso por comisión. En el PRO cuestionaron en voz baja al presidente del bloque, Beltrán Lora, por la escasa perspicacia política que tuvo.
Ante el fuerte rechazo que generó la iniciativa, el oficialismo estaría dispuesto a evitar el mal trago en la sesión y llevar el proyecto primero a comisión para terminar de pulir el texto. Eso dejaron entrever Romero; Ballay y Navarro a Viola en el encuentro. La intención de los opositores va más allá: pretenden que directamente sea archivado. La determinación final del oficialismo se conocerá recién el próximo martes.
El texto recoge rechazos no solo en la oposición. En el oficialismo hay legisladores que lo miran de costado. Lo mismo ocurre en áreas técnicas y jurídicas de la propia Administración provincial, que se enteraron de las modificaciones que pretende introducir el Ejecutivo luego de que se ventilara en los medios y que no están de acuerdo con el sistema que se pretende introducir.
