Rechazo de Bogotá a afirmaciones de relatores especiales de DDHH
El gobierno colombiano rechazó con dureza las afirmaciones hechas en un informe presentado por un grupo de expertos de Naciones Unidas, encargados de documentarse sobre el asesinato de un excombatiente de las FARC.
“Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas FARC”, dijo un comunicado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
En el mensaje oficial, Bogotá recalcó que no es cierto que se haya “incitado a la violencia” contra los ex rebeldes y por el contrario realiza un “esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”.
En su informe, divulgado en la víspera, los expertos de la ONU, a la cabeza de Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, instaron al gobierno colombiano “a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP” y a cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz.
El organismo multilateral encargó a un grupo de expertos en derechos humanos para investigar el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, cuyo cuerpo fue hallado el 22 de abril a las afueras del lugar donde estaba concentrado junto a otros ex combatientes, al noreste del país.
Por ese caso está detenido un militar, que se presume pudo ser el autor del crimen, mientras que un oficial fue vinculado al proceso judicial señalado del delito de encubrimiento.
Para el gobierno de Iván Duque, los tres relatores especiales de la ONU que elaboraron el informe en cuestión contrariaron el código de conducta que rige en estos casos a enviados especiales.
Bogotá avisó que no responderá al cuestionario remitido por los relatores para informarse del caso desde el punto de vista oficial, al advertir que salieron a la “luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas como las que figuran en el comunicado mencionado”.
“Esta reacción prematura de los Relatores Especiales desconoce el marco de cooperación y asistencia que ha caracterizado el relacionamiento de Colombia con las agencias e instancias de las Naciones Unidas, en especial con los procedimientos especiales que actúan bajo la autoridad del Consejo de Derechos Humanos”, se quejó el gobierno.
Defendió, además, la manera como la institucionalidad, incluidas las autoridades, han actuado frente ante el caso de Torres, lo que le ha valido el reconocimiento de otros funcionarios de la ONU, como Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación.
También advirtió que aumentará el trabajo para “continuar robusteciendo” los “anillos de seguridad” de los lugares donde los ex combatientes guerrilleros están afincados, tras la dejación de armas.
Finalmente, el gobierno reiteró su “rechazo enfático a lo que se ha pretendido difundir en el comunicado conjunto de los Relatores pues su contenido tiene el efecto nocivo de minar la confianza que con tanto esfuerzo estamos construyendo”.
