De fallar a favor del gobernador Casas, el próximo domingo se llevará adelante la votación para definir si el mandatario se presenta en las elecciones
La Corte Suprema de Justicia analizará este viernes el amparo presentado por legisladores de Cambiemos con el objetivo de suspender la consulta popular programada para este domingo, que podría habilitar al gobernador riojano Sergio Casas a seguir en el poder.
El mandatario provincial ya ocupó un primer cargo público cuando entre el 2011 y el 2015 fue vicegobernador de Luis Beder Herrera. De esta forma, no estaría disponible para una nueva candidatura, ya que, el artículo 120 de la enmienda que se pretende modificar establece que el gobernador solo puede ocupar dicho cargo por dos años consecutivos y no más.
Sin embargo, la enmienda que la Legislatura riojana aprobó el pasado 19 de diciembre establece que “el gobernador y vicegobernador que haya sido electo por un solo periodo anterior puede ser elegido para el ejercicio en el otro cargo por dos mandatos consecutivos”.
Para el oficialismo esta modificación es “inconstitucional” y, con el objetivo de detener la consulta por le reelección, los legisladores de Cambiemos Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia.
En esta audiencia, convocada por el juez Horacio Rosatti, el pedido será analizado como cualquier otro expediente. Esta acción sería casi histórica, ya que la última vez que se llegó a una resolución similar fue en el 2002, según se comentaba en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
En los últimos días, desde Cambiemos no se quedaron tranquilos sino que presentaron un informe en donde se detalla una serie de irregularidades con las cuales el gobierno de Casas prepara un “fraude gigantesco”.
En ese escrito de 10 páginas, los denunciantes afirman que el tribunal electoral provincial “actúa con una escandalosa parcialidad, frustrando todo intento de control y fiscalización por parte de los partidos políticos, y generando un manto de sospecha” Además, denuncian que la consulta fue anunciada con un mes de antelación, cuando debían ser 90 días y aun no fueron nombradas las autoridades de mesa, incumpliendo el plazo de 20 días otorgado.
