Quienes sufran de violencia intrafamiliar y/o doméstica podrán gozar del derecho. La medida fue una de las banderas del último 8M
El Gobierno aprobó hoy el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” en la Administración Pública Nacional, con el objetivo de brindar acompañamiento a los integrantes del personal que sufran violencia intrafamiliar y/o doméstica.
La medida, publicada hoy a través de la Resolución 24/2019 en el Boletín Oficial, fue uno de los reclamos más fuertes durante el último Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras (#8M) y ya había sido adoptada por otras instituciones como los docentes porteños y las fuerzas de seguridad.
Desde ahora, todo el personal encuadrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional que sufran la violencia de género podrán hacer uso de la licencia sin un mínimo de antigüedad como base.
En el tercer punto del protocolo se indica que los responsables de otorgar el derecho “serán los Directores Generales de Recursos Humanos de cada jurisdicción o ente descentralizado, debiendo notificar a todo el personal el circuito para recibir las solicitudes y los datos de contacto pertinentes”.
Además, las áreas de recursos humanos deberán capacitar a su personal en el abordaje de esta temática, para que puedan brindar contención y asistir al denunciante, orientándolo hacia los organismos de atención competentes.
El texto, en su cuarto ítem, apunta a que la persona solicitante deberá notificar su voluntad de usufructuar la licencia, que tendrá vigencia a partir de la fecha que contenga la denuncia, y para el caso que la persona solicitante requiera prorrogarla, deberá hacer la solicitud al Director General de Recursos Humanos y acreditar mediante nota la persistencia del motivo que justificó su otorgamiento, con información y/o documentación actualizada.
Toda la información contenida en la documentación labrada para la tramitación de este tipo de licencia tendrá carácter de confidencial, no pudiendo ser utilizada con fines distintos que los previstos en el protocolo y sólo será compartido con terceros por orden judicial y con la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato.
