El ministro Dante Sica les adelantó a empresarios que estudian cambios administrativos. Buscan más acuerdos sectoriales. Daer, contra el 23% de paritarias
En un año electoral, con la economía en recesión y un posible aumento del desempleo hacia principio del año, el Gobierno evitará llevar al Congreso la pelea por la reforma laboral, con la que no logró avanzar incluso después de la victoria en los comicios de medio término. Sin embargo, no se resignan a generar cambios a la legislación y estudian la vía administrativa. Así se lo anticipó el ministro Dante Sica, el ministro de Producción, a los industriales con los que se reunió el fin de semana pasado.
“Todavía es algo que hay que consensuar con los gremios”, advierten para poner paños fríos. En el sector privado ven con buenos ojos que se extienda la baja de cargas patronales que se acordó con los sectores sensibles (calzado, textiles) pero con una recesión más grave de lo esperado, el Ejecutivo tampoco tiene margen para resignar más recaudación.
La ley pyme alcanza algunas simplificaciones, así como el marco de empleo para las firmas más chicas, vigente desde el gobierno anterior. Juicios laborales y esquemas de vinculación y desvinculación son los que se marcan como prioritarios, aunque en el último caso, los cambios deberían pasar por el Parlamento.
En el marco de las mesas sectoriales, también aspiran a seguir avanzando con acuerdos específicos, como el de Vaca Muerta o el de mecánicos automotores (Smata), siempre presentes como ejemplos de acuerdos con los trabajadores “que permiten la llegada de inversiones”.
Brasil
La llegada de Jair Bolsonaro a Brasil trae la posibilidad de que el país vecino avance sobre una nueva reforma laboral –pese a que Michel Temer llevó adelante una mayor ‘flexibilización’ durante su gestión–. Tan solo ese cambio generó –según Sica– un marco que lo favorecerá en un 10% o 15% de baja de costos.
No es la primera vez que el macrismo intenta avanzar en cambios laborales por decreto. El mega DNU que se publicó en enero de este año y con el que tuvo que dar marcha atrás por el carácter “inconstitucional” de la medida que señalaron especialistas y opositores, ya avanzaba sobre varios puntos de la legislación para el sector del trabajo.
Entre algunos puntos, el DNU eliminaba la presión sobre las empresas que tenían sanciones laborales y baja los tiempos de inhibición de 120 a 30 días, además de habilitar el embargo de fondos en las cuentas sueldo de los trabajadores.
