El proyecto de ley referido a la regulación de los alquileres, que se está tratando en el Congreso, tuvo un giro y se frenó el apoyo oficial a la iniciativa impulsada en la Cámara baja por el diputado Daniel Lipovetzky, de Cambiemos
Según información que trascendió desde el círculo más cercano a Mauricio Macri, el presidente ordenó que se interviniera en el tema cuando se enteró que un importante desarrollo de viviendas para alquiler, de varias decenas de millones de dólares, se había frenado por la incertidumbre que generó el proyecto de ley.
Fuentes oficiales anticipan que el Ejecutivo está pensando en opciones superadoras como premiar, desde el punto de vista tributario, el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.
Opciones superadoras
Días atrás, la Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres, por el índice de salarios o la variación de los precios, y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los alquileres.
Diversos sectores criticaron el proyecto porque advirtieron que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.
Los datos oficiales arrojan que tres millones y medio de hogares tienen problemas de vivienda y que es necesario construir más de un millón de unidades. Pero al mismo tiempo el rendimiento promedio que dejan los alquileres es bajo. Cálculos del sector lo estiman en el orden del 3% (antes de gastos) del capital invertido.
En estas condiciones, consideran que mayores costos para los propietarios o un aumento en la incertidumbre en cuanto al grado de cumplimiento de los contratos llevarían no sólo a que se frenen nuevas construcciones, sino que también los actuales propietarios terminen destinando a la venta las viviendas.
Frente a esta situación, en el Poder Ejecutivo se analiza impulsar medidas alternativas.
Las medidas
El Gobierno considera necesario “blanquear” la actividad, ya que solo el 20 o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, están registrados. La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.
Otra cuestión que están estudiando consiste en reforzar la ejecutividad en los desalojos para el caso de los inquilinos que no pagan. La intención oficial, señalan, es que “los juicios sean sumarísimos, de manera tal que el inquilino que no cumpla, sea desalojado en un plazo máximo de 60 días”.
Uno de los aspectos que contemplara el proyecto será el fomento a la construcción de vivienda para alquilar. El Gobierno contempla ofrecer a las empresas constructoras, especialmente las pymes, una promoción fiscal y una serie de instrumentos financieros, sobre todo de viviendas para la clase media (que cuesten menos de 140 mil UVA, equivalentes a unos 100.000 dólares) aprobados por la Secretaría de Vivienda. Se busca promover la construcción de 60.000 viviendas con estos beneficios en 4 años.
