Hay 16 postulantes para ocupar tres vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, donde llegará una de las causas más sensibles para el oficialismo
La cobertura de vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata generó un nuevo avance con la depuración de la lista de postulantes que siguen en carrera. De 48 seleccionados solo un tercio pasó el filtro en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El próximo lunes 8 de octubre, un diputado ultra PRO y una jueza ligada del kirchnerismo tomarán las entrevistas personales con los semifinalistas de esta carrera judicial que se da en el marco del “Concurso Nº 393”, según se desprende de la documentación.
La nómina de postulantes está integrada por Emilio Santiago Faggi, Francisco Javier María Posse, Mercedes Eugenia López, Agustín López Coppola, Ramón Enrique Trejo, Laureano Alberto Duran, Florencia Burdeos, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Alfonsina Bava, Roberto José Boico, Carlos Alejandro Faggi, Alberto Osvaldo Recondo, Marcelo Alejandro Peluzzi, Andrés Salazar Lea Plaza, María Pérez Cárrega y Juan Martín Nogueira.
Todos estos postulantes estarán cara a cara con el diputado nacional PRO, Pablo Tonelli (oriundo de La Plata) y la ex titular del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, jueza laboral que fue señalada por la ex jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, como una de sus “Generalas” dentro del mundo judicial. La otra fue la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
De esas reuniones emergerán, sintonía fina mediante, los finalistas para ocupar las tres plazas vacantes en la Cámara. Un sillón vacío en cada Sala. Así el oficialismo tiene la chance de ubicar a un soldado judicial en cada canasta. El dato no es menor. Una de las tres Salas de apelaciones deberán resolver el pleito de competencia entablado entre dos magistrados federales de La Plata por la investigación de una causa sensible para los gobiernos nacional y provincial: el expediente “aportantes truchos” de Cambiemos.
Hay dos grandes casos abiertos. Uno de ellos lo lleva el juez Penal, Ernesto Kreplak. El otro lo investiga el magistrado en lo Contencioso Administrativo, Adolfo Gabino Ziulu, conocido por avalar tarifazos en la provincia de Buenos Aires.
En ambos expedientes se investigan hipótesis distintas. Kreplak bucea entre los posibles delitos de lavado de dinero, robo de identidad y manipulación de bases de datos públicas para fines electorales. Se sospecha que dirigentes del PRO utilizaron información de beneficiarios de planes sociales para que figuren como aportantes de la campaña electoral de 2017. Por su parte Ziulu deberá abocarse a controlar los ingresos y egresos de una planilla excel, ya que no tiene potestad para husmear en el origen de los fondos. Es decir, tendrá una labor cercana a un contador con rango judicial.
Pero la pelea entre ambos magistrados llegará a la Cámara de Apelaciones. El gobierno necesita que la causa quede en jurisdicción Contencioso Administrativa, donde la ilegalidad se paga con apercibimiento o multas. En el fuero Penal el panorama es distinto. Hay peligro de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y hasta penas que se pagan con prisión.
En la mira de Kreplak, el juez que no quiere Cambiemos, están la gobernadora María Eugenia Vidal y su ladero de confianza, el jefe de gabinete Federico Salvai, quien fue el jefe de la campaña. Además, Salvai es el marido de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de baja escala al PRO bonaerense, cuya titular es la gobernadora Vidal. El círculo cierra perfecto.
El primero de los fusibles potentes de esta trama judicial fue la contadora María Fernanza Inza, quien renunció como Contadora General de la provincia de Buenos Aires, en medio de la turbulencia política generada por la causa abierta tras la investigación del periodista Juan Amorín para la multiplataforma web El Destape.
La semana pasada, la contadora Inza (que además es Tesorera del PRO), presentó un escrito en la causa federal en la que pide que la investigación quede en manos del juez Ziulu, de perfil amistoso con el oficialismo.
En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El jefe de la misma fue Salvai. La que recaudaba era Inza como Tesorera, junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO, Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruye el Comodoro Py, el juez federal Sebastián Casanello, uno de los pocos magistrados (hasta ahora) no alineados con la Casa Rosada.
Mientras Kreplak se aboca a la arista penal del caso, su colega Ziulu escruta los gastos de campaña, pero no posa la lupa en el origen de los fondos que, una de las posibilidades, es que se trate de lavado de dinero. En caso de detectar irregularidades en el origen de los fondos, la doctrina y jurisprudencia indican que debe declinar competencia y que todo corra en la esfera del derecho Penal, en manos de Kreplak, el escenario más temido por Cambiemos.
