El fiscal Álvaro Piérola tiene ahora a su cargo el expediente que investiga la denuncia presentada por Dolores Etchevehere contra sus hermanos Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de la Nación; Juan Diego Etchevehere, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y su madre, Leonor Marcial. Se investiga el posible desvío de millones de pesos
El cambio de acusador en la causa donde se investiga el presunto vaciamiento de la empresa SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario de la capital provincial) y una situación poco clara sobre el destino de 250 mil dólares para la siembra de soja que habría sido derivada a otros fines, está vinculado con los recientes movimientos en la estructura del Poder Judicial que dispuso el Superior Tribunal de Justicia.
Hace una semana, la oficina de prensa de Tribunales informó que el fiscal que venía trabajando en el expediente, Alejandro Cánepa, había sido designado transitoriamente como vocal a cargo del despacho en el Tribunal de Juicios y Apelaciones, luego de la jubilación de Daniel Julián Antonio Malatesta.
Esta designación obliga a Cánepa a dejar su lugar en la Fiscalía, donde es Fiscal Coordinador, y a que el expediente pase a manos de Piérola.
El expediente estaba en un punto muerto desde antes de la feria judicial de invierno, con un ida y vuelta entre la Fiscalía y la Jueza Paola Firpo sobre cuestiones formales y medidas previas al llamado a testimoniales, luego de las cuales recién podría producirse la indagatoria a Luis Miguel Etchevehere, suspendida en febrero de este año, luego de que a fines del 2017 se realizaran allanamientos en varios de sus domicilios.
La causa
Dolores acusa a sus hermanos y a su madre por una supuesta maniobra que involucra a Las Margaritas SA (empresa del Grupo Etchevehere) que tomó un préstamo de 250 mil dólares para la siembra de soja, pero que habrían sido desviados hacia otros fines.
La versión de la hermana del Ministro indica además que en el patrimonio de SAER “había 18 inmuebles” y que la empresa “fue vaciada”, ya que de esos bienes, 10 habrían sido transferidos a dos sociedades (Nexfin y Urbajay) del financista Walter Grenón (en su momento, adquirente de parte del capital de SAER) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná S.A., constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos.
