El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social rechazó la presentación de un pedido de juicio por bonos de participación en las ganancias para el personal y se puso del lado de la compañía
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social rechazó la presentación de un pedido de juicio por bonos de participación en las ganancias para el personal y se puso del lado de Telecom. En ese sentido, el gobierno de Mauricio Macri rechazó una presentación realizada a mediados del año pasado, por considerarla “improcedente” y ordenó que se les haga saber a los reclamantes que “el presente es irrecurrible”.
En ese sentido, la resolución, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del mandatario nacional y del ministro de Trabajo, Alberto Jorge Triaca, niega el pedido formal que realizaron 16 trabajadores de la empresa, en el que solicitaban la derogación del artículo 4° del Decreto N° 395, de fecha 5 de marzo de 1992, en el que se había fijado que “Telecom y Telefónica no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”.
“En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19.550. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”, rige la normativa para el resto de las empresas.
Asimismo, los 16 trabajadores demandantes realizaron una demanda que consistió en obtener la reparación de los daños y perjuicios al no emitir los bonos de participación en las ganancias, conforme lo preceptuado en el referido artículo 29 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a partir del 8 de noviembre de 1990 y por cada ejercicio financiero. En tanto, como fundamento de esa pretensión, sostuvieron que es inconstitucional el Decreto N° 395, que dispensa a Telecom de la carga legal de emitir dichos títulos.
A pesar de que los demandantes consideraron importante advertir que habían transcurrido 26 años desde la publicación del Decreto N° 395/92, que beneficiaba a esas dos multinacionales, lo que “implica analizar la razonabilidad de la impugnación ante situaciones de hecho consolidadas jurídicamente por el cumplimiento de los plazos de prescripción del derecho común”, el Gobierno desestimó el pedido y volvió a lanzarle una soga a Telecom.
