La Oficina Anticorrupción tiene en su poder una fuerte denuncia por acumulación de cuatro cargos incompatibles en el Estado
Mientras se multiplican los reclamos por la reincorporación de las y los trabajadores despedidos de la agencia Télam, se conoció una denuncia, que está en poder de la Oficina Anticorrupción, por acumulación de cargos públicos rentados contra un director de la agencia nombrado en abril 2016.
El implicado es el coordinador de la sección Cultura de Télam (con cargo de “secretario general de Redacción”), Maximiliano Jorge Tomas, designado por la gestión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. La denuncia está radicada bajo el número 08052.
Además de realizar tareas incompatibles en diferentes empresas estatales, Tomas presta servicios comerciales para editoriales privadas cuyas producciones son criticadas por la sección que coordina en Télam. Parece ser que la ética está lejos de ser la cualidad más importante de este funcionario.
Además del cargo en la agencia de noticias estatal, mantiene un vínculo laboral permanente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de enero de 2016. En esa fecha, fue nombrado gerente operativo multimedia del Centro Cultural San Martín (CCSM).
La yuxtaposición de esos convenios está prohibida tanto por el régimen de contrataciones del Gobierno Nacional, como por el de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo expresa el decreto nacional 8.566/61, que abarca a las sociedades del Estado como Télam: “ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal”, sentencia el texto. Tomas, además, firmó una declaración jurada en la que afirmó que no está alcanzado por incompatibilidad alguna.
En agosto de 2016, “para disimular la incompatibilidad manifiesta con su empleo en Télam SE -según reza la denuncia- alteró la formalidad de su relación dependiente”. Así, “transformó” esa condición “en otra simulada bajo un presunto régimen de facturación autónoma que continúa hasta la actualidad, aunque siempre realizó exactamente las mismas tareas”, dice el texto. En resumen, Maximiliano Tomas es, desde el inicio de 2016 y hasta ahora, el programador del área de Letras del CCSM.
Pero hay más: Tomas cumple tareas en otros dos medios estatales de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA): realiza el programa televisivo “Bibliómanos”, en la TV Pública, y la emisión “Vicios propios”, en Radio Nacional. En el primer caso, cobra mediante otro acto de simulación jurídica, a través de una productora denominada “A Latina SRL”, de reciente constitución. En cuanto al programa radial, el contrato está a su nombre.
Por su parte, la Ley 471 de Buenos Aires especifica, en su artículo 12, que la relación entre este tipo de empleos nacionales y de la Ciudad está prohibida: “El desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es incompatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en el orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la acumulación por razones fundadas”. En estos casos, no existieron razones fundadas, ni autorizaciones.
Ética a diciembre
La acumulación de esos cargos públicos (y de sus respectivos sueldos) está en contra de lo que permiten las regulaciones. Y no es lo único: Tomas es la máxima autoridad editorial de contenidos periodísticos de las secciones Cultura y Espectáculos de Télam. A su vez, cobra dinero como asesor de las editoriales Edhasa SA y el Grupo Ilhsa (titular, entre otros, de la cadena Yenny), que emiten información que luego es publicada por la sección Cultura de Télam.
Bajo esa metodología, Tomas genera –y cobra- contenido de manera privada para una empresa privada. Luego, toma decisiones (y cobra un sueldo) en la agencia pública acerca de la difusión del contenido emitido por esas empresas privadas.
De acuerdo con la denuncia presentada, esas actitudes también violan el Código de Ética de la Función Pública y la Ley 25.188 al permitir la obtención de beneficios personales y, a la vez, gestionar en favor de proveedores del Estado.
Esta situación se da en el marco de 357 despidos de trabajadoras y trabajadores en Télam.
