Este martes comenzaron a realizarse en el recinto del Senado una serie de Audiencias Públicas para interrogar a los profesionales propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en la Justicia entrerriana. Este miércoles y jueves se realizarán más audiencias
Presidió el trabajo el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Lucas Larrarte (FpV – San Salvador) y estuvieron presentes los Senadores Pablo Canali (FpV – Colón), Raymundo Kisser (Paraná – Cambiemos), Nancy Miranda (FpV – Federal) y Roque Ferrari (Victoria- Cambiemos). También estuvo el senador del departamento Uruguay, René Bonato (FpV). Los legisladores fueron asistidos por el secretario del Senado, Natalio Gerdau.
La primera audiencia comenzó apenas pasadas las 9:30, y como es de rigor en estos casos, a través del Secretario de Cámara, se dieron a conocer los antecedentes que forman parte del pedido de Acuerdo.
Se presentó en primer término el doctor Máximo Agustín MIR, quien ha sido propuesto para ser juez de Concursos, Quiebras y Ejecución Número 3 de Concepción del Uruguay.
El profesional fue consultado por Larrarte sobre su estado patrimonial, el que detalló ante los legisladores, recordando que en el seno del Poder Judicial se hace la presentación de declaraciones juradas. Tiene impuestos y tasas municipales y provinciales al día, indicó entre otros detalles.
En relación a los motivos que lo llevaron a concursar por este cargo, el doctor Mir indicó que ejerció la profesión hasta el año 2010 y a través del Colegio de Abogados de Concepción del Uruguay fue parte de una lista para jueces de Paz y desde ahí fue conociendo los alcances del trabajo dentro del ámbito de la Justicia.
Mostró su interés por el derecho Concursal. Le preguntaron sobre la relación que debe tener un magistrado con los medios en causas que son de repercusión pública. “Esta relación (con los medios) es fundamental. Nos permiten hacer llegar nuestras resoluciones y legitiman nuestro actuar. Le dan transparencia. Es fundamental una buena y dinámica relación. Es obligación de los tribunales transmitir conocimientos”, expresó.
Reveló, ante una consulta de Larrarte, que hay un importante número de empleados sobre endeudados que llegan a los tribunales. Indicó que habrá que pensar en renovar la legislación para proteger a quienes tienen ingresos fijos para sostener su proyecto de vida, sus familias y a veces tienen dificultades patrimoniales.
Preguntado sobre cómo reaccionaría ante situaciones como la descripta, dijo que intentaría una solución despejando todas las dudas para conocer cómo la persona llegó a esta situación.
Destacó la importancia de la llegada de los procesos orales, permitiendo acelerar los trámites, lo que es sumamente positivo para el ciudadano. En el cierre de sus expresiones consideró la importancia de estas Audiencias, que tienen una instancia de participación ciudadana y permiten el fortalecimiento de la democracia.
Juzgado civil y comercial de Concepción del Uruguay
La segunda audiencia fue para oír e interrogar al doctor Gustavo Amílcar Vales, propuesto para ser juez Civil y Comercial de Concepción del Uruguay.
El doctor Vales dijo que ejerce la profesión de abogado desde hace 30 años. “Son varios factores por los que quiero alcanzar una magistratura, que me llevaron a presentarme al concurso”, comentó y recordó el paso de su padre por el Superior Tribunal de Justicia, con tuvo intensos intercambios sobre el servicio de justicia en Entre Ríos.
Añadió que en la idea de poder hacer un aporte se presentó ante el Consejo de la Magistratura. En relación a su estado patrimonial indicó que se encuentra al día frente al fisco, brindó detalles de sus bienes y mencionó que está inscripto en el Impuesto a las Ganancias. Puntualizó que se está haciendo un proceso sucesorio por el fallecimiento de su padre.
Le preguntaron si conoce el juzgado que aspira presidir. “He tenido juicios en ese ámbito y lo conozco por ser la jurisdicción que nos toca a quienes ejercemos en Villaguay. He ido a entrevistarme con quien está a cargo y me informó que tiene un jefe de despacho y cuenta con cuatro empleados. Conozco al secretario, que estaría por jubilarse”, reveló ante los senadores.
El año pasado ingresaron 540 juicios y se dictaron más de 500 sentencias. “El Juzgado está al día y creo que funciona bien”, indicó.
Le preguntaron luego sobre la oralidad en los procesos civiles y comerciales, desde una Acordada del Superior Tribunal de Justicia. El doctor Vales dijo que “el reglamento salió hace muy poco y lo estuvimos estudiando en el Colegio de Abogados. En el caso del juzgado de Concepción, no tiene un espacio, se está haciendo uno”, explicó.
Dijo que es importante para el justiciable este mecanismo y se irán adaptando en Entre Ríos todas las partes. Puntualmente sobre los términos para dictar la sentencia, dijo que es posible cumplir con esta sugerencia si se cuentan con los medios adecuados para evaluar las pruebas.
Avaló el camino hacia la despapelización y la incorporación de tecnología a la justicia. Se refirió a la notificación electrónica y consideró que le imprimirá velocidad a los procesos.
A las 13:45 se retomó el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
En el trabajo de la tarde se presentó ante los senadores la doctora Betiana Gisela Céparo, quien ha sido propuesta para ser defensora de Pobres y Menores -multifuero- de la ciudad de San Salvador.
Indicó que ya se encuentra desempeñando tareas en el puesto por el cuál concursó y que está viviendo en San Salvador. Después dio detalles de su patrimonio y estableció que tiene sus obligaciones fiscales al día.
En cuanto a sus motivaciones indicó que se trata de encontrar estabilidad laboral y aparece la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en esa localidad donde ha de desempeñarse.
Dijo que los recursos con los que cuenta la Defensoría son hasta ahora suficientes y en algunos casos se solicita la asistencia desde Concordia. En relación al trabajo diario es posible llevar el despacho al día.
Le preguntaron sobre la acordada 18/18 del Superior Tribunal de Justicia y sus alcances. Elogió el efecto dinamizador que tiene la aplicación de la oralidad en los procesos. Señaló que se deberán coordinar los tiempos con las demás autoridades judiciales para poder cumplir con todas las audiencias, optimizando el uso de los espacios.
La consultaron sobre la relación interinstitucional con otras reparticiones que entienden, por ejemplo, en el área de la niñez. “Hay buena relación y coordinamos las acciones”, agregó.
Sobre la figura del Abogado del Niño, que está en un proyecto que se tramita en la Cámara Alta, Céparo dijo que es importante en un tiempo en que los propios niños reclaman por sus derechos y deben ser asistidos para hacerlo. Mostró su punto de vista en cuanto a los procesos de especialización de los letrados. La idea del Senado es dar participación al Colegio de Abogados, explicaron.
Consideró que deberían crearse en un futuro Cámaras de Familia, teniendo en cuenta la profundización de la especialización.
Le preguntaron sobre su vida laboral y detalló que trabajó 12 años en un estudio jurídico y posteriormente ingresó a la Justicia y en forma intermitente se desempeñó en la profesión, lo que consta en los antecedentes.
Sobre la cuestión del narcomenudeo dijo que desde el 1 de junio a la fecha hubo un solo caso en el que intervino en el marco de la nueva legislación como defensora.
Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú
Después se presentó ante los senadores el doctor Leonardo Portela, que ha sido propuesto para ser titular del Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú. En este caso se leyeron los antecedentes y se le indicó que con respecto a su postulación se presentaron impugnaciones, añadiendo que en virtud del artículo 24 de la ley 10529, le fue corrida vista de las mismas.
Como es de forma en estos casos, a través del secretario de la Cámara se leyeron los antecedentes del doctor Portela y el senador Larrarte le explicó cuál es el alcance de la audiencia, para conocer, entre otros aspectos cual es el compromiso democrático, sus valores éticos, entre otros puntos.
El letrado se presentó ante los legisladores y añadió que tiene un posgrado en derecho Constitucional. Repasó sus trabajos en empresas particulares y en el ejercicio de la profesión, hasta el año 2008 cuando ingreso al Poder Judicial. Detalló su patrimonio e informó que está al día en sus obligaciones fiscales.
Indicó cual es la realidad en cuanto al personal en el juzgado en el que se ha desempeñarse. “El juzgado funciona bien porque hay un gran compromiso del personal que dedica tiempo extra para que así sea”, explicó, añadiendo que se da esto en varios juzgados.
Consideró que es parte de un tiempo de ordenamientos y que seguramente se irán cubriendo las necesidades con el tiempo. “Se trabaja bien”, señaló y dijo que “la infraestructura presenta algún inconveniente ya solucionado, por lo que pasó con el ingreso de agua que dañó algunos expedientes”.
También le preguntaron sobre la extensión del proceso oral y si en el juzgado en que está se puede cumplir. “Estoy de acuerdo con la oralidad y los fines que desea cumplir, como inmediatez, transparencia y concentración de los actos”, puntualizó.
Una inquietud fue que la sala de audiencias está alejada del juzgado, generando alguna incomodidad y además se debe coordinar el uso con los demás juzgados, con los que se comparte la sala.
Después se explayó sobre algunas sugerencias contenidas en la acordada del STJ. Puso sobre la mesa algunas situaciones que se dan y se basó en estadística que compartió con los senadores. Dio opinión sobre los plazos para dictar sentencia, que es una sugerencia, la que habrá que analizar con el tiempo. Habló, como quienes lo precedieron en otras audiencias, sobre la tecnificación para hacer las notificaciones y sobre los procesos de despapelización.
La impugnación
Luego el Senador le consultó sobre la impugnación presentada por un ciudadano, que da cuenta de supuestas irregularidades en algunos procesos en los que intervino.
Sobre esto Portela entregó documentación a los legisladores con un descargo por escrito con un amplio desarrollo, documental y con detalles.
No obstante ello brindó un panorama sobre el tema, indicando que hubo algunas presentaciones hacia fines de los años 90, que generaron acciones judiciales que concluyeron hacia el año 2014.
Relató que todo esto sucedió antes que él llegara al Juzgado. Al asumir funciones, se ocupó del trámite, en el año 2015. Dio detalles técnicos a los senadores de la comisión sobre lo sucedido en un remate de bienes y el modo en que se realiza el pago.
Rechazando con esto y otros puntos la impugnación de un ciudadano de apellido “Nazar”, hizo referencia también a la explicación dada por el martillero interviniente. Se trataba todo esto de una ejecución de honorarios.
Portela después relató los alcances de su participación en otro incidente y de la posición tomada por la Cámara de Concepción del Uruguay con respecto a su actuación en el expediente.
“En el escrito que les dejo está todo documentado”, dijo ante los legisladores. Por último les agradeció la posibilidad de ser parte de este proceso institucional establecido por el Senado.
