Descartada la posibilidad de llevar adelante un referéndum, el intendente avanza con polémica gestión para extender contrato
El tratamiento exprés de las audiencias públicas y la decisión del intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso de no realizar un referéndum para extender la concesión del cerro Catedral hasta 2056 a la actual operadora alimentaron las sospechas de presiones de Gobierno nacional y provincial para beneficiar a empresarios cercanos al poder.
Gennuso señaló la semana pasada que ya tiene la “decisión tomada” para avanzar en la prórroga de la concesión que no tiene respaldo de la sociedad civil, tras las jornadas de audiencias públicas que se llevaron a cabo en el municipio con la participación de 94 oradores.
Gennuso, quien responde a Juntos Somos Río Negro -partido del gobernador Alberto Weretilneck-, descartó por completo la posibilidad de realizar un referéndum, tal como lo pidieron muchos oradores y consideró que no corresponde. “Tenemos que tomar la decisión, para eso nos eligieron”, dijo Gennuso. Aunque sostuvo que sí se tendrán en cuenta las exposiciones fundadas para elaborar el proyecto definitivo y resaltó que “hay una decisión fuerte para que Bariloche pueda crecer y tenga un futuro”.
La extensión a la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) -controlada por la firma de transportes Vía Bariloche- generó polémicas en la ciudad, ya que aún restan ocho años para finalizar la actual concesión y la prórroga que se propone ahora es a partir de 2026.
El gremio de la CTA y el FpV cuestionan que no estuviera contemplado un estudio de impacto ambiental y que no se modifique el canon de 12.500 pases de alta temporada que se mantendrá sin cambios hasta 2056. Organizaciones de la sociedad civil también rechazan el plan de desarrollar 70 hectáreas en zona de montaña que se contrapondrían con artículos de la Carta Orgánica municipal.
Este proyecto urbanístico, dicen en Bariloche, beneficiará directamente a Nicolás Caputo, empresario cercano al presidente Mauricio Macri. Caputo es dueño de la concesión del cerro San Martín y la extensión de servicios terminará llegando a las áreas de su dominio.
Por eso, las asociaciones civiles cuestionan que Gennuso, aliado también del macrismo, se adelante más allá de su mandato para otorgar el beneficio a empresarios amigos.
El Gobierno provincial, en tanto, se desligó del tema por tratarlo como un “asunto municipal”.
El intendente de la ciudad cordillerana dijo respecto a las audiencias públicas que “las opiniones que tenían argumentos serán tomadas en cuenta”. Y además criticó a la oposición de hacer política en lugar de esgrimir las razones del rechazo a la prórroga.
No obstante la negativa al referéndum, los partidos opositores y las organizaciones sociales avanzan en una junta de firmas del 3% del padrón, basándose en la Carta Orgánica, que obligaría al Concejo Deliberante a tratar el pedido.
Si los ediles finalmente lo rechazan, el plan B es juntar las firmas del 10% del padrón para forzar a Gennuso a habilitar la consulta popular.
