Buscan que el tema se dirima en el Congreso, pero la Nación espera sentencia
Con asistencia casi perfecta, veintiún gobernadores, opositoras y aliadas al Gobierno nacional, firmaron un documento ayer en el que hicieron un diagnóstico rotundo sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense: si la Corte Suprema de Justicia decidiera declarar inconstitucional el tope de ese ingreso que recibe Buenos Aires, las arcas provinciales serían “seriamente perjudicadas” y en los casos más graves quedarían “al borde de la quiebra”. Las provincias reclamaron, por un lado, que el Gobierno acepte negociar una salida política en el Congreso y, como consecuencia, que el alto tribunal permita que el conflicto se dirima en el parlamento y no por la vía judicial. El contrapunto con la Nación, no obstante, se mantiene: la Casa Rosada ratificó que no convocará a las provincias hasta tanto el tribunal no dé su sentencia.
Poco más de un mes después de la primera reunión a la que sólo asistieron gobernadores peronistas, ayer en la Casa de la Provincia de San Juan, en el centro porteño, 21 mandatarios se juntaron después del mediodía con una convocatoria ampliada en la que también estuvieron presentes mandatarios cercanos al Gobierno nacional como el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo. El gobernador Sergio Uñac ofició de anfitrión y ofreció, durante las más de tres horas que duró la asamblea, punta de espalda a la llama, una especialidad de la costilla vacuna que es exclusiva de San Juan y Mendoza, donde el ganado es más grande. El almuerzo, que incluso fue elogiado por otros gobernadores, estuvo regado por vino sanjuanino. Durante el mitin hablaron los representantes de todas las provincias, pero según aseguró uno de los altos funcionarios participantes “más allá de las diferencias fue muy fácil ponerse de acuerdo en los temas centrales, ningún gobernador quiere perder esa cantidad de plata”.
El documento que firmaron en la reunión se conforma de 4 puntos, de los cuales se destacan: que la “pretensión” de Buenos Aires perjudica al resto de las provincias (según un ministro de Economía de una provincia opositora, “para algunas es casi como una quiebra”); que el tratamiento del conflicto tiene que ser “indefectiblemente” en el Congreso; y el pedido a la Corte para que demore la sentencia hasta que se resuelva políticamente. La posición del Gobierno nacional, por su parte, fue ratificada ayer a este diario al ser consultadas fuentes de la Casa Rosada: “Cuando esté el fallo los convocamos a todos y le vamos a encontrar una solución”.
El Ministerio de Interior elaboró un informe en el que se consigna que el 54% de los ATN entregados entre enero y julio del corriente año fueron destinados a gobiernos municipales y provinciales administrados por la oposición, mientras que las tres jurisdicciones que más se favorecieron con esos aportes son Jujuy, Buenos Aires y Neuquén.
Según el reporte oficial, y que se da a conocer luego de críticas de la oposición por la dirección del reparto de ATN, Interior otorgó en los primeros siete meses del año 1.736.833.000 pesos a municipios y gobernaciones opositoras y 1.345.400.000 pesos a las gestionadas por Cambiemos (incluye tanto PRO como UCR).
Desde el ministerio que conduce Rogelio Frigerio remarcaron que los ATN fueron otorgados bajo un criterio de “ayuda por desequilibrio financiero o crisis hídrica”.
