Una reconocida empresa de seguridad privada entró en concurso preventivo

SISE tiene un pasivo de casi $2500 millones frente a un activo de $212 millones. Su situación se agravó en agosto de este año

 

 

Una importante empresa de seguridad de Rosario atraviesa graves problemas económicos. Se trata de SISE Seguridad, cuya clientela incluye a las principales desarrolladoras, areneras, constructoras y entes estatales.

El Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, a cargo de Luciano Carbajo, abrió el concurso preventivo de SISE SRL, una empresa de seguridad privada que declaró un pasivo de casi $2.500 millones.

Con una década de historia, se dedica a prestar servicios de vigilancia en establecimientos industriales, comerciales y residenciales, custodia de mercadería en tránsito y monitoreo electrónico.

Si bien la empresa señaló en su escrito que la cesación de pagos arrancó en los primeros días de agosto, explicó que comenzó con problemas en pandemia con el retraso de pagos de entes estatales. Puntualizó que este año todo se agravó porque los pagos de sus servicios que eran a 30 días pasaron a 90.

El medio local Punto Biz señaló que la empresa debía liquidar salarios cada quincena y sostener los vencimientos de impuestos, servicios e insumos como combustible e indumentaria, pero lo recaudado no alcanzaba. Para cubrir ese desfasaje, emitió cheques de pago diferido y recurrió a financiamiento por fuera del circuito bancario, a tasas que, según la firma, eran más altas que las de los bancos.

La caída de los convenios de pago con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) precipitó la presentación. Todo comenzó a complicarse: SISE informó nueve ejecuciones fiscales en trámite ante la Justicia Federal de Rosario y fondos embargados en las dos cuentas corrientes con las que operaba, en Banco Macro y Banco Galicia. Según la compañía, la inmovilización de esos fondos agravó los atrasos con proveedores y puso en riesgo el pago de los salarios en término.

Frente al abultado pasivo, SISE expuso que tiene un activo de $212 millones, integrado por 12 vehículos afectados a la prestación de servicios. Entre ellos figura una Ford Ranger valuada en $74,5 millones, con una prenda a favor del Banco Macro. Las oficinas administrativas funcionan en un inmueble alquilado.

La Central de Cheques Rechazados registraba nueve cheques devueltos por falta de fondos. Los acreedores tienen plazo hasta el 28 de diciembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación ante la sindicatura.

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