El Gobierno extiende hasta 2027 el régimen para trabajo rural registrado
El Gobierno nacional prorrogó por un año la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y la percepción de programas sociales, a través del Decreto 1204/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión extiende hasta septiembre de 2027 el régimen que permite que beneficiarios de planes puedan ser contratados de manera temporal o estacional en el campo sin perder sus prestaciones.
La medida llega luego de un mes y medio de incertidumbre tras el vencimiento de la norma anterior y en medio de fuertes reclamos por parte de entidades del sector agrícola y sindical. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) habían advertido que alrededor de 120.000 puestos de trabajo estaban en riesgo en todo el país si no se restablecía el esquema de compatibilidad.
Con el nuevo decreto se vuelve a prorrogar el Decreto 514/21, que fijó “medidas orientadas a promover el trabajo registrado y la ampliación de los beneficios de la seguridad social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales, así como de sus grupos familiares”. En otras palabras, se busca que la formalización laboral no implique una pérdida de ingresos para los hogares más vulnerables vinculados a las tareas rurales.
Cómo funciona el régimen para los trabajadores rurales
Uno de los puntos centrales que se mantiene vigente es que las asignaciones familiares que correspondan a quienes sean contratados bajo estas modalidades no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Esto apunta a garantizar un piso de ingresos para familias que alternan entre períodos de empleo y de inactividad según la estacionalidad de las cosechas.
Además, se ratifica la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al empleo formal. La norma permite que titulares de determinados programas y prestaciones —como la Tarjeta Alimentar y el plan Volver al Trabajo, entre otros— los continúen percibiendo durante el tiempo que dure el contrato temporario, siempre que se trate de tareas encuadradas en el régimen rural.
Para los empleadores, el esquema prevé una reducción de contribuciones patronales con el objetivo de incentivar la registración de trabajadores que históricamente se desempeñaron en la informalidad. De este modo, el Estado busca atacar dos problemas en simultáneo: el empleo no registrado y la pobreza rural.
Reclamos del sector y argumentos oficiales
La política de compatibilizar planes y trabajo rural fue impulsada en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, inicialmente por dos años, y renovada en 2023 por el mismo plazo. En 2024, la gestión de Javier Milei decidió extenderla un año más, hasta septiembre pasado. La nueva prórroga llega tras varias semanas de demora, lo que generó preocupación en las economías regionales y en los productores, que dependen del empleo temporario para las tareas de siembra y cosecha.
Al justificar la continuidad del régimen, el Poder Ejecutivo destacó que “distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados”. Según se argumenta en los considerandos, la compatibilidad entre programas y empleo formal contribuyó a la inclusión laboral, a mejorar los ingresos de los trabajadores y a elevar la calidad de vida de sus grupos familiares.
Con esta nueva prórroga hasta 2027, el Gobierno busca dar previsibilidad a empleadores y empleados del sector rural, uno de los motores de las economías regionales. El desafío hacia adelante será evaluar el impacto del régimen sobre la formalización del trabajo, la reducción de la precariedad y la sustentabilidad fiscal de los programas sociales que lo complementan.
