La normativa garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades, la investigación y la recomposición salarial, por eso se exige su inmediata ejecución. “La situación hoy de los docentes universitarios es terrible”, expresó la secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Analía Matas
AGDU convocó a un paro de 24 horas para el miércoles 22 de octubre, en concordancia con lo definido por Conadu, la federación que los agrupa.
“Frente a un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, el objetivo es evitar el desguace del sistema universitario y científico”, se lee en la convocatoria de AGDU, que lleva adelante estas medidas en reclamo de la efectiva aplicación de la Ley N° 27.795, de Financiamiento Universitario.
La normativa fue promulgada ayer por el Gobierno nacional, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
“La situación hoy de los docentes universitarios es terrible”, expresó la secretaria adjunta de AGDU, Analía Matas, al brindar un panorama de la situación del sector. Comentó que “se ha perdido aproximadamente un 40% del avance salarial” y expuso que “tampoco hay fondos para insumos, para el sostenimiento ni para el mantenimiento de las universidades”.
Señaló que la crisis afecta también a los estudiantes y que “han disminuido las becas, o sea, no hay nada que aliente seguir estando en la universidad”.
Luego reveló un dato preocupante: “Han renunciado aproximadamente unos 10.000 docentes universitarios; muchos de ellos están buscando también un segundo trabajo”.
Respecto a la Ley N° 27.795, de Financiamiento Universitario, que fue promulgada pero se posterga su aplicación, expresó: “Indudablemente lo único que hace es alargar cada vez más esto que ya es un desconsuelo total, desconcierto, decepción y tristeza en general”.
Retroceso
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresó su rotundo rechazo a la postergación de la ejecución de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, sancionadas y promulgadas por el Congreso de la Nación”.
Señaló que “el Poder Ejecutivo, al aplazar su aplicación, desconoce la división de poderes y vulnera derechos conquistados” y señaló que su demora “implica un retroceso en materia de educación, salud y justicia social”.
“Hacemos responsable al Gobierno nacional por los perjuicios que esta demora cause a la comunidad universitaria, al sistema de salud pediátrico y al conjunto de la sociedad”, advirtió.
