La oposición impulsa un proyecto que busca restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo teme perder una de sus principales herramientas de gobierno
a Cámara de Diputados se prepara para un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición. Este martes 23 de septiembre, desde el mediodía, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento pondrá bajo tratamiento la media sanción del Senado de la ley que limita la capacidad de Javier Milei de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
El debate fue habilitado tras el emplazamiento aprobado en la última sesión y la intención opositora es avanzar con una sesión especial el próximo 1 de octubre. Allí, además de la discusión sobre los DNU, se tratarán temas como los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre los ATN y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.
El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.
Por eso, en la práctica, resultó muy difícil para cualquier oposición reunir mayorías en ambas Cámaras para tumbar decretos. En los últimos años sólo ocurrió en casos puntuales, como el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el decreto delegado que eliminaba Vialidad, los que reestructuraban y reducían el INTA y el INTI, la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, de organismos de Cultura y el decreto que modificó el régimen de la Marina Mercante.
La iniciativa que ahora impulsa la oposición busca modificar ese esquema: bastará con que una sola cámara rechace un DNU para anularlo, a diferencia del régimen vigente que exige el rechazo de ambas. Además, cada decreto tendrá un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación, y se acotará a 48 horas hábiles el tiempo para que una Cámara comunique a la otra su decisión.
El texto también establece que, una vez rechazado un DNU o una norma de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. De aprobarse, la norma revertiría el esquema sancionado en 2006 a instancias de Cristina Kirchner, que blindó los DNU presidenciales y dificultó a la oposición derogar estas medidas.
El Gobierno sigue con atención la movida parlamentaria, ya que los DNU son una herramienta recurrente para avanzar en políticas sin depender de la negociación con otros bloques y gobernadores. Con este cambio, la oposición busca limitar la discrecionalidad presidencial y reequilibrar el rol del Congreso en la toma de decisiones.
