Sin acuerdo del Senado, Milei los designó por decreto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, jubilado el 29 de diciembre último, cuando cumplió los 75 años de edad
García-Mansilla, antiabortista vinculado con el Opus Dei y abogado de petroleras, nuevo juez de la Corte por decreto
Manuel José García-Mansilla, a quien este martes Javier Milei designó por decreto, sin el debido acuerdo del Senado, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló el 29 de diciembre último al cumplir 75 años, es un abogado constitucionalista de perfil conservador: está vinculado a la organización católica Opus Dei y fue uno de los expositores en contra del derecho al aborto, durante el debate en el Congreso.
Nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, tiene 53 años, está casado, tiene tres hijos y comenzó a ejercer la abogacía en 1996, luego de graduarse en la Universidad Austral, donde actualmente es decano de la Facultad de Derecho.
Es portador de un apellido de prosapia histórica: es descendiente de Manuel José García, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, y de Lucio N. Mansilla, héroe de a Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.
Se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Antes, y durante cuatro años y medio, fue abogado de la petrolera Oxy, que posteriormente fue comprada por el empresario Eduardo Eurnekián, uno de los principales impulsores del proyecto presidencialista de Milei, un anterior empleado suyo en Corporación América.
García Mansilla fue propuesto al Senado, con su correspondiente pliego, el 20 de marzo de 2024, y al parecer su nombre había sido sugerido a Milei por quien entonces se desempeñaba procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exintegrante de la mayoría automática de la Corte menemista, y otro expositor antiabortista relacionado con el Opus Dei.
“Es evidente que el aborto [legal] no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir a través del ejercicio del poder constituyente. Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional”, pidió García-Mansilla en 2018. El Senado le hizo caso: ese año el proyecto fue rechazado. Finalmente fue convertido en ley el 29 de diciembre de 2020.
El 28 de agosto último, ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto. El entonces candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó ese día una salida técnica a su postura. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
García-Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que denunció como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico”, que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.
La oposición también le lanzó un dardo a García-Mansilla luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justo el día anterior a esa audiencia en la comisión de Acuerdos, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero García-Mansilla, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.
Ariel Lijo, un influyente juez federal, cuestionado por sus fallos y sus vínculos
El juez federal Ariel Lijo ocupará la vacante en la Corte Suprema de Justicia que dejó, hace pasaron 3 años y 4 meses, la jurista Elena Highton de Nolasco. Asumirá gracias a un decreto del presidente Javier Milei, ya que el Senado no le prestó Acuerdo como manda la Constitución. Desde su postulación, formalizada el 20 de marzo de 2024, en su entorno se encargaron divulgar por la prensa que tenía la cantidad de apoyos suficientes (es decir los dos tercios del Senado en una sesión pública) para llegar al máximo tribunal. Pero pese a que su pliego obtuvo el dictamen favorable, con firmas del kirchnerismo en apoyo al candidato de la La Libertad Avanza, esa sesión nunca se realizó, lo que pone en duda la certeza de que efectivamente esos apoyos fueran ciertos.
Lijo es un magistrado con largo historial debido a la trascendencia de las causas que investigó. Es uno de los “doce” de los tribunales de Comodoro Py.
Fue designado en 2004, luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem; al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano.
Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, que él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad. Su intervención en este caso, específicamente, es el motivo por el cual la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se declaró abiertamente en contra de su postulación, pese a que la hizo su propio gobierno.
Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.
Luego le fueron tocando casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone, al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso.
Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien benefició en la causa Ciccone.
Y también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristinan Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.
El hermano del candidato, Alfredo Lijo, operador judicial en Comodoro Py, donde Lijo es juez
El nombre de Ariel Lijo también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado que trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.
Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio de Vido, para evitar el avance en determinadas causas por corrupción. “Uno, Alfredo, opera con los abogados; y el otro, Ariel, opera con los jueces”, dijo un abogado que suele pasillar Comodoro Py.
Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.
El candidato de Lorenzetti
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, reveló el 28 de agosto último que la candidatura de Lijo a vocal de la Corte tuvo como origen una sugerencia de otro miembro de ese tribunal, Ricardo Lorenzetti. Respecto del otro nombrado por decreto, Manuel García-Mansilla, el funcionario de Javier Milei contó que lo conocía “del club” y que para proponerlo se tuvo en cuenta su perfil técnico-jurídico.
En una entrevista que le concedió al canal Todo Noticias (TN), consultado por el periodista Jonatan Viale sobre si la candidatura de Lijo fue un pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cúneo Libarona respondió: “De ninguna manera. Creo que todos saben el origen…”. Entonces, Viale repreguntó: “¿El origen es Lorenzetti?”. Y el funcionario respondió: “Exactamente. Lorenzetti recomendó a Lijo”.
