Dura interna en Cambiemos, complicada auditoría y diferencias en la estrategia ante el CIADI, claves en la decisión de Mauricio Macri. Puja con Sanz abre un nuevo frente con Elisa Carrió, que respaldó al funcionario al frente de la representación de los abogados del Estado. Potencial reemplazo: hombre de Dujovne con cargo en Economía
El Gobierno nacional decidió apurar -de forma desprolija- la salida del Procurador del Tesoro de la Nación (PTN), Carlos Balbín, de ese estratégico cargo a la cabeza de los abogados que representan al Estado en cuestiones sensibles. El viernes pasado, a última hora, sonó su teléfono y desde la Jefatura de Gabinete que comanda Marcos Peña le hicieron saber de un ofrecimiento para abandonar su actual función: saltar al cargo de embajador extraordinario plenipotenciario y representante especial para los derechos humanos que depende de la Cancillería. Esa silla caliente la había dejado el exAGN, Leandro Despouy, en medio de desacuerdos por la estrategia oficial llevada adelante en el caso Milagro Sala, que derivó en fuertes reproches de organismos internacionales por su detención. Sin haber aceptado todavía, Balbín pidió tiempo para analizar la propuesta telefónica e informal, y volver con una respuesta. No hizo falta. A media tarde del domingo, el Ejecutivo echó a rodar el nombre de quien sería su reemplazante, lo que le dio, a su eyección, el cariz de decisión tomada.
Balbín, más allá de su trayectoria académica, tenía una característica política que lo hacía una rara avis dentro del Gabinete: gozaba del completo apoyo de la líder fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, y también de su archirrival y brazo influyente en tribunales, Daniel “Tano” Angelici. Sobre esa cornisa, el funcionario -de perfil técnico- hizo equilibrio desde el 20 de diciembre de 2015, cuando recaló al frente del equipo de abogados del Estado tras ser reconocido como especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. A fines de 2016 ocurrió el primer embate interno que cuestionó su continuidad en base a un supuesto cortocircuito por la fallida sentencia de la Corte Suprema por el tarifazo de gas. Carrió lo respaldó públicamente al igual que el radical Mario Negri. En rigor, Balbín fue el único que transmitió hacia Presidencia que el máximo Tribunal iba a fallar en contra de la posición del Gobierno. Tenía interlocutores en varias vocalías. En ese momento, Mauricio Macri privilegió otras voces entre los operadores judiciales y se llevó una amarga sorpresa.
Anoche el Gobierno intentó, desde sus usinas informativas, forzar la interpretación para mostrar el despido como un “ascenso”, aunque Balbín no había llegado a dar su conformidad al pase hacia la dependencia diplomática bajo la égida de Susana Malcorra. Sobrevoló la idea en la PTN de que su perfil “no estaría suficientemente alineado” con la estrategia política el Gobierno, que radicalizó su postura sobre los requisitos que demandaba de esa dependencia. Desde el affaire por el Correo Argentino y su acuerdo denunciado judicialmente como “ruinoso” para el Estado, Balbín no había ocultado su fastidio por haber sido “puenteado” en la negociación. Decreto mediante, consiguió que, como salida al laberinto político, los litigios estratégicos que pudieran involucrar conflictos de interés entre funcionarios y empresas quedaran centralizados en la PTN. A la par, activó un sumario administrativo y una auditoría para evaluar la actuación en el acuerdo concursal de los representantes oficiales. Esa auditoría estaba, la semana pasada, a punto de finalizar cuando Balbín recibió la propuesta de abandonar el cargo para hacerse del lugar que dejó Despouy. Sus resultados eran clave para el avance de la investigación que había iniciado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y para deslindar (o no) la responsabilidad de los “negociadores”. La Procuración fue, hasta la salida de Joaquín Da Rocha durante el kirchnerismo, un organismo técnico cuyo rol se había desdibujado con el paso de Angelina Abbona y ahora aspiraba a convertirse en punta de lanza del capítulo local por los negocios de Odebrecht en el país, tema candente que podría salpicar a la clase política y empresarial criolla.
Entre los ideólogos de la salida de Balbín se encuentra tanto el jefe de asesores del presidente Mauricio Macri, y apoderado del PRO, José Torello como uno de los miembros fundadores de Cambiemos, Ernesto Sanz. Ambos resistían su presencia y postulaban por vías separadas a otros candidatos para el cargo. Al frente del Cuerpo de Abogados del Estado su estrategia también difería de la del propio Peña y del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en cuanto a las disputas en el CIADI. Balbín era de la idea de argumentar frente a los litigios y aguardar una sentencia, en lugar de hacer acuerdos previos que podrían costarle más dinero al Estado, táctica que había surtido efecto en algunos casos. Será por este motivo que el Gobierno echó a rodar ayer como reemplazante a alguien del riñón del ministro de Hacienda, Nicolás Dujonve. El primer nombre en circular fue el de su secretario de Legal y Técnica, el abogado Bernardo Saravia Frías.
